Derecho a no olvidar

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Derecho a no olvidar

El sufrimiento de Celsa Suárez para proteger a su marido, militante del PSOE en San Martín del Rey Aurelio, en la Guerra Civil

Por Javier Rodríguez Muñoz, publicado en LNE el 05/01/2020

 

Pese a que han transcurrido ochenta años desde su fin, la guerra civil española mantiene abiertas heridas que no acaban de cerrar. La ley de la Memoria Histórica no lo consiguió y aún siguen cientos de muertos en cunetas, pozos, simas u otros espacios que nada tienen que ver con un enterramiento mínimamente digno. Hechos bien recientes demuestran que todavía es una asignatura pendiente en nuestra democracia.

Como es sabido, los días 17 a 19 de julio de 1936 un nutrido grupo de militares protagonizó un golpe de estado contra la República Española que, al fracasar, desencadenó una guerra civil que se prolongó a lo largo de casi tres años, ocasionando cientos de miles de muertos. La guerra acabó, según el parte militar emitido por los vencedores, el 1 de abril de 1939, pero el estado de guerra declarado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos el 28 de julio de 1936 siguió vigente hasta el 7 de abril de 1948. Como bien expresaba uno de los protagonistas de “Las bicicletas son para el verano”, de Fernando Fernán Gómez, ese día no llegó la paz, sino la victoria. Todas las noches, desde el 2 de abril de 1939, las radios españolas repetían: “¡Españoles, alerta! La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la Historia; la sangre de los que cayeron por la Patria no consiente el olvido, la esterilidad, ni la traición […]. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos; España, con el favor de Dios, sigue en marcha. Una, grande, libre, hacia su irrenunciable destino”.

Miles de las víctimas se produjeron en los cruentos combates sostenidos en los frentes a lo largo de casi tres años de guerra. Pero otras muchas miles perdieron la vida en la retaguardia, lejos de los escenarios bélicos. Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro de Gobernación y Exteriores en los primeros gobiernos del dictador, lo reconocía en sus “Memorias” publicadas en 1977: “el brutal encarnizamiento de las retaguardias causó más muertes que la lucha abierta en los frente de combate”.

El 26 de abril de 1940 se abrió la denominada “Causa general”, un proceso que pretendía fijar la magnitud de los crímenes cometidos por los republicanos. Pese a que se empleó una metodología que inflaba e incluso duplicaba las cifras, se concluyó que el número de muertes causadas por los republicanos había sido de 85.940, muy inferior al manejado y difundido por Franco que llegó a hablar de 470.000 asesinatos. Las cifras más recientes y fiables sobre el alcance de la represión por parte de ambos bandos se sitúan en torno a 49.272 víctimas atribuibles al bando republicano y 130.199 a los sublevados.

Nadie puede negarlo, en ambos bandos se cometieron crueles y viles atrocidades. Pero entre los sublevados contra la República, desde el inicio, la exterminación “sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros” era una de las directrices fijadas por el general Emilio Mola, director de la conspiración contra la República. En una de sus Instrucciones reservadas planteaba que a la par que se proclamaba el estado de guerra se debería proceder a la “limpieza” y desarme del elemento civil, “no dejando ningún enemigo de peligro libre y procediendo con la mayor energía”. Entre el personal civil que había que “limpiar” se encontraban los líderes de los sindicatos y partidos, los masones, los intelectuales, los maestros de escuela, los médicos y abogados liberales que habían contribuido a difundir el credo liberal, y también los que habían recibido su influencia: los votantes del Frente Popular, los afiliados o simpatizantes de los partidos y sindicatos, los que no iban a misa, las mujeres que habían obtenido el derecho al voto y el divorcio. Un amplio espectro de personas fue objeto de la represión. Mola ordenaba además que el movimiento había de ser “de una gran violencia. Las vacilaciones –decía– no conducen más que al fracaso”.

La represión en el lado republicano fue una respuesta impulsiva y visceral en el calor del momento. Tras el levantamiento militar, en el lado republicano se desmoronaron de golpe buena parte de las estructuras del Estado, no quedando otra organización que los partidos y sindicatos. Ejército, fuerzas de orden público, instancias judiciales desaparecieron y el vacío fue cubierto por los llamados comités de Vigilancia, de Salud Pública, de Investigación o por cuadrillas de milicianos sin disciplina de partidos o sindicatos que, en los primeros agitados y revueltos días y semanas del inicio de la guerra, se arrogaron el poder de administrar su “justicia popular”. Cuando en la zona republicana se pudieron reorganizar y afianzar unas estructuras de poder mínimamente centralizadas, buena parte de los asesinatos que se habían producido en las primeras semanas, cesaron radicalmente.

El hispanista británico Hugh Thomas escribió, en su obra clásica sobre la guerra civil española, considerada una de las más ecuánimes, que “la mayoría de las muertes en la España republicana fueron consecuencia de la anarquía, resultado de un colapso nacional, y no obra del estado, aunque algunos partidos políticos, en algunas ciudades, consintieron las enormidades, y aunque algunos de sus responsables últimos ascendieran a posiciones de autoridad”.

Sirva de ejemplo lo ocurrido en Asturias. Cuando el Comité Provincial del Frente Popular, que integraba a los partidos que habían constituido el Frente Popular y los sindicatos, se organizó e instaló en Gijón, en septiembre de 1936, puso coto a los desmanes anteriores. Un edicto del gobernador general y presidente del citado Comité, de 8 de octubre de 1936, disolvió cuantos comités venían funcionando con los nombres de Investigación, Vigilancia, Salud Pública y otros similares.

La eficacia de tal medida la confirman las fechas en las que fueron asesinados los 156 eclesiásticos que se contabilizan en Asturias, según el estudio que sobre la persecución religiosa por parte republicana hiciera el párroco avilesino Ángel Garralda: “De 156 martirizados de 1936 a 1937, ignoro la fecha exacta de 25; 104 corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del 36 y el resto se resuelve en cifras de cuatro, tres, dos o uno en los restantes meses, salvo el mes de abril del 37 en que no consta de ningún martirio”. Es decir, casi el 80 por cien de los religiosos asesinados lo fueron en los tres primeros meses de desbordamiento e indignación popular ante la sublevación militar, y antes de que los partidos y sindicatos del Frente Popular consiguieran controlar la situación y crear un órgano de justicia: el Tribunal Popular. De 576 casos instruidos por este organismo entre la fecha de su creación en octubre de 1936 y el mes de marzo de 1937, sólo dictó 29 penas de muerte, de las que la mayoría no se ejecutaron.

Además, desde las filas republicanas se hicieron oír varias voces muy significadas pidiendo que cesase cualquier acto de violencia en la retaguardia. Así lo pidió el dirigente socialista Indalecio Prieto en una intervención radiada en agosto de 1936: “Ante la crueldad ajena, la piedad nuestra; ante todos los excesos del enemigo, nuestra benevolencia generosa… ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral; superadlos en vuestra generosidad. Yo no os pido, conste, que perdáis vigor en la lucha, ardor en la pelea. Pido pechos duros para el combate, duros de acero, como se denominan algunas de las milicias valientes; pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento, sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana”.

Esta intervención de Prieto fue escuchada por Ramón Serrano Suñer en “Unión Radio” de Madrid, cuando se encontraba refugiado junto con su mujer e hijos en una pensión de la calle de Velázquez, que regentaban unas señoras de Oviedo amigas de su familia. De ella escribió en sus “Memorias”: “He recordado y repetido muchas veces la emoción de aquel llamamiento suyo en el que pedía a la juventud pechos acerados para el combate y piedad en la retaguardia”. Piedad que no tuvieron los suyos no sólo durante la guerra sino también en la posguerra. Ninguna voz se alzó entre los sublevados pidiendo la más mínima clemencia o moderación.

Franco entendía la represión no como una manifestación primaria en un periodo convulso, sino como una empresa a largo plazo. En su discurso del 19 de mayo de 1939, día en el que presidió el llamado “Desfile de la Victoria” en Madrid, afirmaba: “No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un día, y aletea en el fondo de muchas conciencias”.

El “estado de guerra” declarado por los sublevados en julio de 1936 afectó a todo el territorio español, tanto el controlado por los sublevados como el que permanecía fiel al Gobierno republicano, el legítimamente constituido. En virtud de tal declaración, cualquiera que por acción u omisión causare perjuicio a los fines que persigue el que se denomina “Movimiento redentor de nuestra Patria”, será incurso en un delito de “rebelión militar” y sometido a la justicia militar. Fue lo que Ramón Serrano Suñer denominó en sus “Memorias” la “justicia al revés”. Y aclara el concepto: “Se estableció que los ‘rebeldes’ eran los frente-populistas, olvidando que la rebeldía contra una situación que se estimaba injusta –rebeldía santa en la idea de muchos– estaba jurídicamente en el Alzamiento Nacional. Razón por la que resulta que los rebeldes contra el Gobierno del estado constituido –republicano– eran, a tenor del Código de Justicia Militar, los que se alzaron y todos los que les asistimos y colaboramos, y que no podían ser ‘jurídicamente tales quienes estaban con el Gobierno ‘constituido’, por mucho que en nuestra conciencia ante los excesos y el proceso de disolución seguido por el Gobierno del ‘Frente Popular’ se justificara la rebelión”.

Además de las muertes causadas por los sublevados, el franquismo aplicó un régimen de violencia y terror sobre los supervivientes que sufrieron especialmente las mujeres, un dolor y padecimiento que no recogen los fríos números de la represión. Muchas pasaron por la cárcel, y las que permanecieron libres, viudas o familiares de los represaliados, fueron objeto de violencia física y sexual, del escarnio público y la humillación, e incluso del robo, bajo la forma de requisa de lo que era legalmente suyo. Fueron sometidas a palizas sistemáticas cuando algún pariente se encontraba huido para que revelaran el paradero de los allegados, que en muchos casos no conocían.

Es imposible recoger y transmitir el dolor y sufrimiento con el que vivieron esas mujeres. Una de las que padeció ese calvario fue Celsa Suárez García. Su marido, Florentino Posada Lastra, militante del PSOE, en cuya agrupación de Santa Bárbara en San Martín del Rey Aurelio había ingresado en 1926. Al caer el frente republicano en Asturias, el 21 de octubre de 1937, como otros muchos cientos de personas, se escondió en los montes próximos a su vivienda familiar en Paniceres, casería de la parroquia de Santa Bárbara (San Martín del Rey Aurelio), a esperar que pasase el “calentón”. Hasta su detención, en julio de 1938, su mujer Celsa sufrió diariamente las brutales palizas que le propinaron miembros de Falange, de la brigadilla y de la Guardia Civil, del ejército, y días hubo de recibir más de una, siempre por la noche. Al oscurecer, más tarde o más temprano, las culatas de los fusiles golpeaban el domicilio de Celsa y sus tres hijas, de corta edad, y comenzaban los interrogatorios y palizas. Un día, incluso, la colgaron de la tenobia –madero situado entre la escalera y la puerta– del hórreo que había al lado de la casa, delante de sus hijas. Cuando al fin la soltaron, cayó como un cuerpo muerto y tardó horas en poder articular palabra. Otro día la llevaron al cementerio amenazando con matarla, y poniéndola contra el muro, simularon que le disparaban.

Nada dijo esta valerosa mujer durante los nueve meses en los que fue torturada diariamente inquiriendo sobre el paradero de su marido, pese a que en muchas ocasiones sabía donde se escondía. Cuando al fin Florentino Posada fue detenido por la delación de los parientes de dos compañeros de huida, no cesó al martirio de su mujer. Su casa, construida por el propio Florentino en un terreno de su familia y cerca de la vivienda de sus padres, fue ocupada primero por soldados de regulares y luego por guardias civiles, debiendo recluirse Celsa y sus tres hijas en una única habitación con un único colchón para las cuatro.

El 25 de julio de 1938, Florentino Posada ingresó en la cárcel de Oviedo, trasladado desde la de Laviana, y en menos de un mes, el 23 de agosto de 1938, compareció ante el Consejo de Guerra núm. 7 de Grado en la causa 287, acusado de “rebelión”. Condenado a muerte, la sentencia se ejecutó a las cinco de la mañana del día 21 de agosto de 1939. Junto a Florentino, que contaba entonces 38 años, fueron asesinados el mismo día Arturo Cadrecha Díaz (camarero de Mieres, 42 años), Rogelio Martínez Suárez (minero de Morcín, 30 años), José Álvarez González (aserradero de Piñera, Lena, 34 años), Luis Casas Fanjul (panadero de La Carrera, Siero, 23 años), Baldomero Osorio Fernández (obrero de Cortes, 26 años), Manuel García García (minero de Peñatejera, 33 años), Constantino Zapico Suárez (minero de La Cebal, 36 años), Cecilio Concejo Marcos (pintor de Valladolid), Jesús Fernández López (peluquero de El Caleyo, Candamo, 25 años), José Silva Rodríguez (albañil de Tudela Veguín, 48 años), Jesús Carballo Iglesias (jornalero de Cuérigo, 44 años), Manuel Prado González (carpintero de Viella, 33 años), Bernardo Montes Suárez (minero de Ciaño, 40 años), Gerardo Fernández Salgado (minero de Mieres, 38 años) y Gerardo Montes Muñiz (chofer de Mieres, 33 años). Había pasado medio año del fin de la guerra.

En una escueta nota inserta en la página 2 de “La Nueva España” del 22 de agosto de 1939 se daba cuenta del “cumplimiento de la sentencia” con la relación de ejecutados. Por ella supo Celsa de la muerte de su marido en la mañana de ese día. Desde la celebración del consejo de guerra, todos los días se acercaba ella o alguna de sus hijas a casa de los padres de Celsa a informarse si la trágica noticia aparecía en el periódico. Era la única forma de enterarse de la dolorosa noticia, o yendo de madrugada, antes de la llegada de los enterradores, a las tapias del cementerio de Oviedo. Ese día fue una de las hijas la que se llegó a la casa de los abuelos y transmitió la dura nueva a su madre: “Sí, tá papá nel periódicu”.

Con el luto perpetuo en su semblante, Celsa tuvo que sacar a sus hijas adelante trabajando en lo que pudiera, de lo que recogían en la huerta, rebuscando carbón en las escombreras, vareando colchones… Todo ello, teniendo que soportar en su propia vivienda la desagradable presencia de los que le habían arrebatado a su marido, lavar la ropa de los guardias e ir a limpiar el “cuartón” de Sotrondio; o ver cómo le robaban las gallinas, los colchones, ropa…

Su rostro se mantuvo siempre serio, reflejo del luto que sentía en su corazón, pero aún pudo votar en las elecciones del 15 de junio de 1977. Ese día una ligera sonrisa volvió a su cara. Al final, después de 41 años desde las anteriores elecciones democráticas, los españoles podían volver a votar y decidir libremente. La guerra y el franquismo, ya lo había escrito el poeta ovetense Ángel González en su poema “Elegido por aclamación”, fue una gran equivocación:

«Sí, fue un malentendido./ Gritaron: ¡A las urnas! / y él entendió: ¡A las armas! -dijo luego./ Era pundonoroso y mató mucho. / Con pistolas, con rifles, con decretos. / Cuando envainó la espada dijo, dice:/ La democracia es lo perfecto. / El público aplaudió. Sólo callaron,/ impasibles, los muertos. / El deseo popular será cumplido. A partir de esta hora soy -silencio-/el Jefe, si queréis. Los disconformes/ que levanten el dedo. / Inmóvil mayoría de cadáveres/ le dio el mando total del cementerio».

La transición hizo un pacto implícito de no exigir responsabilidades por los crímenes cometidos durante el franquismo, pero ello ni implica ni obliga a olvidar lo ocurrido. La ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como de la Memoria Histórica, se propuso “reparar a las víctimas” y proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas”.

En memoria y como homenaje a Florentino Posada Lastra y a los otros quince hombres que cayeron con él en la madrugada del 21 de agosto de 1939 y que están enterrados en la fosa común del cementerio de Oviedo, junto a otros 1.452 fusilados que también tienen nombre e historias y familias que sufrieron con y por ellos, se dedican estas líneas. Con el mayor de los respetos y admiración a su hija Ester Posada Suárez, que cuando era una niña tuvo que ver, junto a sus dos hermanas, como les arrebataban un padre y torturaban a su madre. De sus labios oí esta historia. Para no continuar con el silencio cómplice y en defensa del legítimo derecho a no olvidar, para que se sepa lo ocurrido a ella y a los suyos, y como botón de muestra de muchas otras miles de vidas arrebatadas, lo cuento.

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